La Comisión de Transportes y Comunicaciones de la Congreso Aprobó por mayoría un nuevo dictamen sobre la regulación de la publicidad estatal, que establece, entre otras cosas, la obligación de las entidades públicas de celebrar contratos con los medios locales a favor de una supuesta “descentralización” de información y recursos. El asunto ya pasó por el Pleno, última instancia.
En el texto, aprobado este miércoles por la mesa de trabajo presidida por el legislador Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), se establece que está prohibido “excluir” a los medios que operan en distritos, provincias y regiones.
Para ello, en el caso de la radio y la televisión, se establecen porcentajes a respetar, “bajo la responsabilidad del titular del pliego”.
Así, en el caso de que los mensajes estén dirigidos a nivel nacional, y sean contratados por una autoridad nacional de competencia, al menos el 30% deberá ser atribuido a los medios locales.
Asimismo, cuando los mensajes se dirijan a una determinada localidad, y además sean contratados por una autoridad nacional, el 50% de la distribución deberá ir a los medios locales.
Y en el caso de mensajes dirigidos a un distrito, provincia o región, y estos sean contratados por una autoridad local, al menos el 70% deberá ir a los medios de comunicación de la zona.
Entre los otros cambios propuestos está la eliminación de la intervención obligatoria de los centros de medios y otros, por lo que se anima a los medios locales a contratar directamente con entidades de los tres niveles de gobierno. Esto representa claramente una dirección política del dinero estatal.
“Las empresas especializadas en la elaboración del cronograma de anuncios (medios de comunicación o no) tienen prohibido cobrar porcentajes o cualquier pago adicional”, se indica.
El aviso tiene fallas, ya que incluso utiliza cuadros adjuntos falsos donde se registra como “pagos por publicidad estatal” a los medios, que en realidad son préstamos a través del programa Reactiva.
Todo esto no es nuevo y, de hecho, ya se había advertido a fines del gobierno anterior, cuando se plantearon una serie de carencias y cuestionamientos, como la libertad de empresa, el principio de competencia. El proyecto fue desempolvado y vuelto a poner sobre la mesa del nuevo Congreso.
¿CONFLICTO DE INTERESES?
Aunque ahora busca negar un posible conflicto de intereses, el congresista Soto fue vinculado a una televisora regional de Cusco, donde tenía un programa periodístico. Y cuando ingresó al Congreso, contrató en su despacho a Miguel Alencastre, quien fuera director de dicho medio familiar.
“Si estuviera en el desempeño de sus funciones, habría un conflicto de interés. Pero que yo sepa, el señor dejó de ser director, empleado de este medio por mucho tiempo y antes de que yo asumiera”, se disculpó.
TENGA EN CUENTA:
El texto fue aprobado este miércoles en la Comisión de Transportes y Comunicaciones con 14 votos a favor y una abstención.
El 26 de julio de 2021, el autógrafo había sido observado por el ejecutivo. Hubo 11 presentaciones enviadas por el entonces presidente Francisco Sagasti al Congreso. A partir de ahora, la comisión asegura que ya los ha corregido.
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